En el primer trimestre de 2023, el número de denuncias de violaciones de derechos humanos contra personas mayores creció en 64% en Rio Grande do Norte. En números absolutos, el número de denuncias registradas pasó de 382 a 630, en comparación con el primer trimestre de 2022. Desde 2020, las personas mayores ocupan el segundo lugar en el ranking de infracciones denunciadas. Los datos, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, son analizados por preceptores del Instituto Santos Dumont (ISD). 

Además del aumento de los reportes en sí, también se registró un incremento en el número de infracciones registradas en cada reporte, que pasó de 1.848 a 3.808 en el primer trimestre de 2023. 

El mes de junio se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Abuso y el Abuso en Personas Mayores, que se celebra el día 15. A lo largo del mes, la campaña Junio Púrpura moviliza actividades que buscan resaltar la importancia de combatir la violencia contra esta población. Para la neuropsicóloga preceptora del ISD, Joísa Araújo, este enfrentamiento debe estar siempre en evidencia. 

La profesional explica que la violencia contra las personas mayores existe de diversas maneras y puede ser cualquier acción u omisión que lesione la integridad física y emocional, o impida o anule el desempeño del rol social del individuo.

La violencia física es una de las formas más comunes de maltrato. Sin embargo, pueden darse formas de violencia invisibles, que no dejan huella física, y ser aún más dañinas. Estas incluyen la negligencia (falta de atención), la violencia psicológica (agresión verbal o gestos que humillan o aíslan, y que pueden derivar en depresión o sufrimiento), la violencia patrimonial o económica (utilización de recursos financieros sin consentimiento o sin brindar cuidados básicos a la persona mayor) y el abandono (falta de atención)», explica Joísa Araújo. 

También hay factores que aumentan la violencia. Según la preceptora neuropsicóloga, las principales son el edadismo (prejuicio contra las personas mayores), la falta de espacios de participación social, las relaciones familiares frágiles y la falta de políticas públicas que proporcionen un envejecimiento digno, con acceso a la salud, al ocio y a la ciudadanía. 

En la legislación existe, por ejemplo, el Estatuto de la Persona Mayor (Ley 10.741/2003), una de las principales leyes de protección a las personas mayores, que prevé derechos esenciales en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el transporte y el ocio. Aun así, fortalecer la red de apoyo familiar, gubernamental e institucional es fundamental para ampliar la prevención y abordar situaciones de violencia que puedan impedir el acceso a estos derechos. 

La trabajadora social preceptora del ISD, Alexandra Lima, destaca el conocimiento como uno de los factores que potencian la red de apoyo y protección de las personas en grupos vulnerables, como los adultos mayores, y como medio por el cual las personas pueden identificar e intervenir cuando se encuentran con situaciones de vulneración de derechos. 

“Conocer qué representa la violencia, ya sea emocional, física, patrimonial o la negligencia frente al cuidado que demanda la persona mayor, así como el irrespeto a su autonomía, ayuda en el proceso de denuncia y potencia las acciones de la red de protección”, afirma la trabajadora social preceptora. 

Por eso, según Alexandra, es importante observar los cambios de comportamiento que pueden llevar a la posible ocurrencia de violencia contra grupos vulnerables. “La pérdida del deseo de comunicarse con amigos y conocidos, el silencio y el aumento de la tristeza y la angustia son factores que llaman la atención sobre algo que puede estar sucediendo tanto en el seno familiar como en los entornos institucionales donde vive la persona mayor”, señala.

La participación social en la atención a las personas mayores y en la prevención y enfrentamiento de la violencia debe estar presente para posibilitar la denuncia, especialmente en situaciones de dependencia. En 2022, por casos de violaciones a los derechos de las personas mayores, el 80% de las denuncias fueron realizadas por terceros, según la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Es importante actuar y no inacción. Conocer los medios y servicios disponibles en casos donde se reconocen o sospechan violaciones también representa formas de combatir la violencia. Ya sea en persona, en comisarías y fiscalías, o de forma anónima, llamando al 100, la sociedad puede colaborar en la lucha contra las violaciones de los derechos de las personas mayores, añade la trabajadora social preceptora Alexandra Lima.