La llegada de un nuevo año escolar trae consigo el inicio de un nuevo curso académico. Para los padres y tutores de estudiantes con discapacidad, temas como las medidas de inclusión, las adaptaciones pedagógicas, las actividades escolares y los derechos educativos suscitan inquietudes. Alexandra Lima, trabajadora social preceptora del Instituto Santos Dumont (ISD), explica algunos de estos derechos y cómo acceder a ellos para garantizar que las personas con discapacidad en edad escolar tengan igualdad de oportunidades en este entorno crucial para la inclusión social.

El inicio de la inclusión de las personas con discapacidad en las escuelas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, comienza con garantizarles plazas y su presencia en el entorno educativo, pero no se limita a eso. Para Alexandra Lima, la inclusión es solo el primer paso de lo que debería ser un proceso continuo.

“La inclusión también debe implicar un cambio de actitud en la sociedad, ya que el objetivo es que las personas con discapacidad puedan realizar sus actividades en igualdad de condiciones que el resto”, explica la trabajadora social.

La Constitución Federal, en sus artículos 206 y 208, así como la Ley de Inclusión Brasileña, establecen directrices para un sistema educativo inclusivo que va más allá de la simple inclusión de personas con discapacidad en el aula. La legislación se extiende al tratamiento, que debe evaluar y satisfacer todas las necesidades de este grupo. Para lograrlo, es necesario involucrar al personal de la institución, al alumnado, a los materiales didácticos, a los recursos y a la estructura del entorno escolar, con la exigencia de adaptación y cambios en los contenidos, enfoques y estrategias.

A continuación, se presentan algunas preguntas frecuentes sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo:

¿Pueden las escuelas negarse a inscribir a un estudiante con discapacidad?

No. El artículo 8 de la Ley 7.853/1989 prohíbe a cualquier escuela, pública o privada, rechazar o cobrar una cuota adicional por la matrícula de estudiantes con discapacidad. Las escuelas regulares deben matricular a todos los estudiantes y brindarles el apoyo necesario.

Negarse a matricular a un alumno con discapacidad es un delito castigado con pena de prisión de dos a cinco años, además de una multa.

¿Puede el entorno escolar ser exactamente el mismo para los estudiantes con y sin discapacidad?

La igualdad es un principio rector de la educación, según el artículo 206 de la Constitución Federal. Aun así, las instituciones educativas deben adaptar sus estructuras y estrategias para dar cabida a una gama diversa de estudiantes con discapacidad.

En este caso, «igualdad» significa proporcionar los medios, derechos y tratamientos necesarios para que las personas con discapacidad tengan una experiencia educativa y resultados equivalentes a los de las personas sin discapacidad. Además del entorno, el alumnado con discapacidad tiene derecho a la presencia de un profesional de apoyo escolar para sus actividades diarias, proporcionado por el centro escolar si es necesario.

¿Puede un estudiante con discapacidad tener contenidos diferentes?

Sí. Además de la necesidad de eliminar las barreras físicas y actitudinales que puedan causar exclusión e impedir la participación social, las personas con discapacidad tienen derecho a adaptar sus actividades y la forma de realizarlas.

El artículo 28 de la Ley de Inclusión de Brasil establece la necesidad de un plan pedagógico que atienda las necesidades y características individuales de los estudiantes. Además, la escuela debe adaptar los materiales de estudio y las evaluaciones para los estudiantes con discapacidad, incluyendo el contenido, los límites de tiempo para las actividades y la opción de realizarlas en un lugar distinto al aula.

Acceso y reclamación

La trabajadora social preceptora Alexandra Lima explica que las solicitudes de acceso a estos y otros derechos se basan en un informe médico emitido a las personas con discapacidad. «Este documento debe describir las necesidades de la persona y brindar orientación para un seguimiento adecuado, incluso en el ámbito educativo», señala.

Según la profesional, en situaciones donde se niega o dificulta el acceso a la escuela, a profesionales de apoyo o adecuaciones de infraestructura, la familia puede buscar orientación y asistencia en el Consejo Tutelar de la Infancia y la Adolescencia o en la fiscalía que trabaja en defensa de la educación o de las personas con discapacidad.

"Uno de los aspectos más importantes es el conocimiento. Conocer tus derechos amplía tus posibilidades de reclamar lo que garantiza la ley", añade Alexandra.